martes, agosto 4, 2026
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    Tribunal impone garantía económica a agente de Migración imputado por muerte de ciudadano haitiano en Friusa

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    El Tribunal de Atención Permanente de La Altagracia impuso medidas de coerción consistentes en una garantía económica de RD$100,000, impedimento de salida del país y presentación periódica durante seis meses al agente de la Dirección General de Migración (DGM) imputado por la muerte del ciudadano haitiano Yepisan Papi, ocurrida durante un operativo realizado en el sector Kosovo, en Friusa, distrito turístico Verón-Punta Cana.

    La decisión judicial ha generado diversas reacciones debido a que el Ministerio Público había solicitado la imposición de prisión preventiva como medida de coerción. Sin embargo, el tribunal consideró procedente la aplicación de medidas menos gravosas mientras continúa el proceso de investigación y se desarrolla el caso en los tribunales.

    De acuerdo con las informaciones presentadas durante la audiencia, el agente investigado sostiene que actuó para repeler una presunta agresión con un machete durante el operativo migratorio. Esta versión forma parte de los argumentos de la defensa y será evaluada junto con las demás pruebas que sean incorporadas al expediente durante el proceso judicial.

    Por su parte, el Ministerio Público mantiene abierta la investigación para establecer con precisión cómo ocurrieron los hechos y determinar si existen elementos suficientes para sustentar las acusaciones formuladas contra el imputado. La institución ha reiterado que continuará agotando las diligencias correspondientes antes de la siguiente etapa del proceso.

    El fallecimiento de Yepisan Papi ocurrió durante un operativo de control migratorio en el sector Kosovo de Friusa, un hecho que generó atención pública y abrió un debate sobre las circunstancias en que se produjo el incidente y la actuación de las autoridades participantes.

    Con las medidas de coerción ya impuestas, el proceso judicial continuará en las próximas etapas, donde las partes presentarán las pruebas y argumentos correspondientes. Será el desarrollo del caso y las decisiones de los tribunales las que determinen las responsabilidades penales que pudieran derivarse de este hecho.

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