La directora general de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), Milagros Ortiz Bosch, afirmó que la lucha contra la corrupción en la República Dominicana exige una transformación cultural y económica que involucre a toda la sociedad: instituciones, ciudadanía y liderazgo político de todos los partidos.
Al referirse a los acontecimientos recientes del caso SeNaSa, Ortiz Bosch resaltó que el país está respondiendo con acciones concretas, coordinadas y oportunas, lo que —a su juicio— refleja avances significativos en la consolidación de un modelo estatal basado en la integridad pública.
La funcionaria destacó el trabajo conjunto que impulsa la DIGEIG junto a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para la construcción de una Estrategia Nacional de Integridad, pieza clave para fortalecer los estándares de ética y prevención de irregularidades en la administración pública.
Subrayó además un avance medible: el 93.5 % de las instituciones públicas cumplen hoy con los estándares de transparencia, un salto significativo frente al 40 % registrado en 2020, al inicio de esta gestión.
Actualmente, 211 instituciones alcanzan entre 90 y 100 puntos en materia de publicidad de información pública.
También resaltó el reconocimiento de las Naciones Unidas, que escogieron a la República Dominicana como país piloto por el uso innovador de datos como herramienta preventiva en el combate a la corrupción.
Herramientas modernas y desafíos pendientes
Ortiz Bosch destacó la importancia de plataformas como el SIGEF, que permite monitorear en tiempo real el comportamiento presupuestario y la disponibilidad de fondos para nombramientos, fortaleciendo así el control interno del Estado.
Señaló que la debilidad de la Cámara de Cuentas en años anteriores limitó avances fiscales importantes, recordando que ese organismo y la Contraloría General de la República tienen la responsabilidad directa de las auditorías internas y externas del uso de recursos públicos.
