RD.-La solicitud de la defensa de la diputada Rosa Amalia Pilarte de que se rechazaran las actas de allanamientos de la incautación de más de 100 mil pastillas de éxtasis que se vinculan a la legisladora centró la última parte de la audiencia del juicio de fondo de ayer lunes, previo a que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) decida emita este martes su sentencia.
Los abogados, encabezados por Luis Leonardo Félix Ramos, alegaron que los operativos de incautación se hicieron de manera ilegal, a lo que respondió el Ministerio Público (MP) que, aunque uno de ellos se hizo sin autorización judicial, se produjo inmediatamente fueron informados, cuando hacían "el conteo " de las primeras pastillas ocupadas, de que había más sustancias en la residencia.
El representante del MP, Pelagio Alcántara Sánchez, argumentó que la SCJ deberá decidir cuál era el procedimiento a seguir, pero que el segundo no partió de una ilegalidad porque sí "hubo una entrada con una autorización legal".
Sostuvo que, de declararse el segundo allanamiento ilegal, no puede darse la "nulidad total" de esa prueba como solicita la defensa de la congresista.
Destacó la importancia de la droga y la conexión que tenía la legisladora y su familia con el prófugo Pablo Martínez Javier, condenado por narcotráfico en Estados Unidos, como delito precedente para la acusación de lavado de activos a la acusada.
"Desde la perspectiva del efecto de lo que implica ese delito precedente tiene el mismo efecto que fuesen 111,000, como fuesen 105 mil, como lo que fuesen 104 mil (…) lo que deja por sentado es que esa ilegal ilícita existió", dijo Alcántara Sánchez al refutar a la defensa de que el órgano acusador se contradijo con el número de pastillas ocupadas.
Además de Alcántara Sánchez, representan al MP en el juicio de fondo el procurador adjunto Inocencio Amador Espinosa y Fernando Quezada García.
